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Infobae, 10 de mayo de 2018

En épocas de crisis, muchas personas se exponen inconscientemente a las salideras y los hechos de violencia
Esta semana hubo varios casos de salideras violentas en medio de la tensión cambiaria

La Argentina atraviesa una crisis de confianza política y económica, lo cual crea un caldo de cultivo propicio para un crecimiento del delito, que a su vez muta y gira. No es un fenómeno único de nuestro país, y mucho menos está relacionado únicamente con la pobreza y su frecuente vinculación con comportamientos delictivos. Al aumento de hechos de violencia, asesinatos a sangre fría incluidos, que se han registrado en el último mes, se le ha sumado una fuerte crisis que instaló en el imaginario popular una reminiscencia a los episodios vividos en 2001, llevando a muchas personas a realizar determinados actos para preservar sus ahorros: adquirir dólares y sacar su dinero del banco.

Conviene hacer una advertencia y, como dirigentes, llevar calma y precaución. Los delincuentes, que de inteligencia conocen mucho, seguramente están advirtiendo estos movimientos hasta hace unos días inusuales en los bancos. Y no sería de extrañar que muy pronto el delito se concentre en salideras bancarias y secuestros. Ellos saben muy bien que mientras la falta de confianza se acreciente y el Gobierno no logre revertir la situación, la gente guardará en sus casas, el famoso "colchón", sus pequeños ahorros, bien lejos de la posibilidad de que el Estado y los bancos perpetúen otro saqueo como el de otrora. En paralelo, en los comercios y Pymes, empezará a circular más efectivo. Un combo muy atractivo para el hampa.

Es importante, realmente importante, instar a la sociedad a no tener su dinero en sus casas y alentar al comercio a continuar con la bancarización. Argentina está pasando un momento difícil, pero estamos lejos de repetir la historia de 2001. La cautela tiene que primar al momento de expresarnos. Es un mensaje tanto para el Gobierno como para la oposición, pasando por los comunicadores, periodistas y todo aquel que sienta que tiene una responsabilidad frente a la opinión pública: no podemos repetir la historia, la democracia merece ser cuidada.

Esta debe ser la premisa si no queremos profundizar la violencia que nos ha golpeado la puerta una vez más para mostrarnos la cruda realidad que padecen millones de bonaerenses. Los tres asesinatos perpetrados en el Conurbano durante el mes de abril tienen que servir de advertencia: la anomia se ha hecho ley en el mundo de la delincuencia. Estamos obligados a pensar qué está sucediendo en las tierras más calientes del país, qué falla sistémica nos azota para tener que lidiar con asesinatos de esta naturaleza.

Esto no sucedió de un día para otro. Que haya menores (y sus cómplices mayores de edad) involucrados en dos de los tres episodios, algunos de ellos ya detenidos, hayan llegado al punto de asesinar a sangre fría, necesariamente responde a un marco de situación que se expresa en cada hecho violento, cotidiano, cada vez más sádico, en todo el país y en especial en las zonas de mayor densidad urbana: el conurbano bonaerense, por excelencia. Estos asesinos son hijos del sistema que engendramos: la impunidad genera violencia. E impunidad más violencia son el combo perfecto para que los hechos delictivos sean cada vez más cruentos.

Si no queremos caer en el mal de la profecía autocumplida, tenemos que hacer el intento de frenar a los ahorristas que desesperadamente buscan proteger su dinero sin que el marco general lo amerite. Ser una presa fácil del mundo delincuencial, cada vez más violento, no es la solución.

Cabe preguntarse cómo fue que llegamos a esta situación, cómo fue que los delincuentes lograron moverse con este nivel de impunidad. Una aproximación a esa respuesta está en que no existe sanción efectiva para el mero incumplimiento de una norma de convivencia social, en todos los niveles: desde lo administrativo, incluyendo el ámbito político, y sobre todo en la normativa penal. Esa es la base de la anomia. Y donde reina la anomia, el delincuente es rey.

Tenemos que convencernos de que saber y conocer que el efectivo cumplimiento de las penas como sanción a una conducta desviada tiene un efecto disuasivo. Aquí no se trata sólo de proveer mayor equipamiento y tecnología a la policía; ni siquiera se trata de tener policías bien pagos, incorruptibles, capacitados. Por cierto, una tarea activa que se está haciendo positivamente desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos que conduce Cristian Ritondo. Eso no alcanza, lamentablemente: no hay forma de frenar o prevenir in situ la espiral violenta, sanguinaria, incomprensible, de banditas que andan por las calles asesinando sin piedad. Insisto: si no existe temor a infringir la norma, y si no frenamos comportamientos irracionales de una parte de la población que está llevando su dinero a su hogar, nada logrará la paz social que anhelamos. Todo el esfuerzo que se haga tendiente a profesionalizar la fuerza policial en todo su universo no alcanzará mientras reine la IMPUNIDAD.

En este marco, es necesario no generar más "llamadores" de delincuentes que están expectantes a esos nuevos objetivos que salen de los bancos con sus pequeños ahorros, indefensos. Ellos saben que el costo de delinquir es demasiado bajo, que el Estado no llegará con todo su peso para la disuasión de ese comportamiento, y entonces la ecuación costo-beneficio es un Cambalache en su máxima expresión. Y si gran parte de los miembros de ministerio publico fiscal terminan representando a los victimarios en lugar del interés colectivo, insisto en que el costo no solo es bajo, sino que quien debe procurar y preservar el interés de todos confunde su rol y termina siendo el abogado defensor de los asesinos.

 Argentina no necesita más normas. Necesita racionalidad, transparencia y prudencia. No podemos hacer como que no ha pasado nada. Mientras calmamos las aguas, lo que hay que hacer, de manera rápida y efectiva, es atacar el delito con las herramientas que tenemos a mano, cerrando para siempre los pasadizos del incumplimiento. De esta manera, quien infringe las normas sabrá que, si es aprehendido por el sistema, deberá cumplir una condena efectiva y reparar a la víctima, y la sanción recaerá sobre sus conductas. Es un principio básico que parece que hemos olvidado. Tenemos que dejar de lamentar muertes, día tras día, en manos de los reyes de la anomia.

Podés ver la nota en:

https://www.infobae.com/opinion/2018/05/10/atencion-ahorristas-no-se-transformen-en-una-presa-de-los-delincuentes/

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2003 Mayo

Los menores delincuentes tienen personalidades frágiles, poco construidas y demuestran una profunda perversidad en su accionar, poniendo en evidencia una total desaprensión por la vida propia y la de sus semejantes.

Esta delincuencia desarrolla grupos de pertenencia: su núcleo duro es la "banda", en general comandada por un mayor, que se despliega en un "ghetto"— como un movimiento "territorializado", donde el espacio es dominado por el "tráfico". La delincuencia juvenil se mueve en un "ghetto narcotizado".

En un contexto donde la pobreza es demográficamente más joven, la delincuencia juvenil se masificó, es más violenta e involucra a menores cada vez más jóvenes, en el marco de una explosión de incivilidad.

La delincuencia juvenil es así un "módulo" de una cuestión más compleja, no se trata de un fenómeno que pueda ser tratado como un símbolo de rebeldía generacional frente al orden establecido: más bien se trata de una expresión más de la pérdida de la capacidad del Estado de imponer el orden.

Toda política que quiera resultar eficaz para enfrentar este mal social tiene que partir de la premisa de instalar otros valores en la mente y el espíritu de la juventud: de la banda a la comunidad; del ghetto al barrio, del tráfico al trabajo: ese es el tránsito necesario.

Organizar la comunidad para que este tránsito sea rápido y efectivo es una tarea central del Gobierno.

Para ello, antes que nada, hay que recuperar la calle para la gente, asumiendo un combate frontal contra el flagelo de la droga. Mañana, en cualquiera de nuestras grandes ciudades puede reproducirse la conmoción que agita hoy a Río de Janeiro.

A su vez, la restauración de valores se logrará conjugando educación y sanción en un conjunto integrado de acciones cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión de delitos por parte de menores, dando apoyo a comunidades locales en sus esfuerzos para implementar y desarrollar una prevención efectiva y coordinada de la delincuencia juvenil a fin de proteger la seguridad pública y dotando a las fuerzas del orden de capacitación y recursos para lidiar con este problema.

Educar sancionando y sancionar educando. Tenemos que redescubrir el valor educativo del límite, en todos los órdenes de nuestro quehacer como sociedad.

Ni garantismo ni mano dura: estricto cumplimiento de la ley. Hace falta liderazgo, coordinación y recursos para prevenir y dar respuesta a la delincuencia juvenil y la victimización.

Debemos abrir las escuelas todo el día y todos los días, como un espacio de contención para ganarle a la "escuela de la calle" en una frontal lucha contra el ausentismo escolar.

Menor en la calle, menor que debe ser llevado a "su" escuela para alimentarlo, protegerlo y educarlo.

Tenemos que involucrar a los propios jóvenes en la tarea de erradicación de la delincuencia, otorgándoles protagonismo en los programas de prevención.

Para los casos más complejos se necesitan programas correctos de reinserción social en unidades de detención adecuadas.

Los programas que diseñamos para jóvenes tienen en cuenta varios principios. Cada actividad debe identificar el "grupo-meta", determinar el espacio en que se encuentran y definir una estrategia en función de ello.Los programas más efectivos incluyen varios tipos de actividad, porque está claro que una actividad aislada no resolverá el problema de la violencia juvenil.

Nos dirigiremos a varios aspectos de la violencia: factores que influyen en el comportamiento (conocimientos y actitudes), el comportamiento mismo (portar armas) o los resultados de la violencia (heridas o muerte).

Desde este análisis, proponemos, por ejemplo, la apertura de las escuelas de 8 a 24, un plan de lucha contra el ausentismo escolar, la creación de una policía juvenil que los incluya en la resolución del problema, establecer prioridades para los jóvenes en el Plan Alimentario Nacional y, sobre todo, creemos prioritarios apoyar a las comunidades locales en sus esfuerzos por desarrollar e implementar una prevención efectiva y coordinada para proteger la seguridad pública.

Nadie puede sentirse ajeno a este problema. Sólo una masiva participación de la comunidad en el diseño e implementación de políticas de Estado de seguridad podrá permitirnos recuperar el espacio público como un bien de usufructo común.

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2005 Diciembre

Los delitos sexuales son abusos que conmocionan y traumatizan a las víctimas y que socavan la situación de la mujer en sociedad, su moral, su psiquis. Además, son delitos que condicionan su futuro. Todas esas características hacen que tales aberrantes actos, muchas veces, se sufran en silencio.

Las víctimas de una violación suelen enfrentarse con obstáculos insuperables en la aspiración de que sus agresores comparezcan ante la Justicia. Muchas mujeres que han sufrido violación u otras formas de abuso sexual se sienten demasiado intimidadas como para intentar conseguir una reparación.

Si aun así se lanzan a la búsqueda de tal reparación, se encuentran con frecuencia con la hostilidad de la familia, la comunidad y la policía y sin ninguna esperanza de éxito. Quienes, aun frente a esa dramática perspectiva, buscan justicia, se enfrentan con un sistema que no le da la debida dimensión a su sufrimiento ni castiga con ejemplaridad.

Los ataques contra la libertad sexual de la persona, por sus consecuencias sobre la víctima y su grupo familiar, así como por sus implicancias para la sociedad toda, se encuentran entre los delitos más abominables y condenables y, como tales, son aquellos sobre los que debería caer con toda su fuerza el peso de la ley.

La legislación ha recogido de la experiencia internacional lecciones valiosas para enfrentar el delito sexual, y una de ellas es que los reincidentes se presentan en proporciones mucho más elevadas que las verificadas en otro tipo de infracciones a la ley penal. Sin embargo, en nuestro país la legislación vigente no resulta suficiente para cumplir plenamente las funciones preventivas y reparatorias de la ley penal, requisitos indispensables para que una norma de esta característica cumpla sus funciones. Y por otro lado, no se tienen en cuenta las características peculiares de los victimarios.

La denominada ley Megan, que en realidad es el resultado de un paquete o plexo normativo, surgió en Estados Unidos como una política para llevar adelante la prevención e investigación de este tipo de crímenes.

Se desarrolla un esquema en el que participan víctimas, policía, oficiales de probation y, principalmente, la comunidad, que se organiza para evitar que los autores de estos hechos reincidan y para lograr que los delitos se esclarezcan. En conclusión: por justicia, anteponiendo así el interés de la comunidad al interés meramente individual.

La base primordial de tal iniciativa está en la creación de un registro público de violadores que permita identificar a las personas que han incurrido en tales delitos, no para estigmatizarlas ni para dejar de proporcionarles la oportunidad de redención o reinserción, sino para que, dadas las condiciones de reincidencia reiterada y habitual que presentan estos crímenes, la sociedad pueda estar alerta y atenta para no ser una víctima despreocupada y desprotegida por el Estado.

Lo que se busca es proteger a la sociedad, autorizando a liberar los datos de condenados por delitos sexuales que residan en un vecindario, municipio o localidad determinada.

No puede soslayarse la colisión de derechos que pueden argüirse en contra de tal normativa, dado que el derecho a la intimidad de quien purgó una condena por violación y se lo considera apto para reinsertarse en la sociedad puede verse menoscabado por la difusión de los hechos que determinaron esa condena cumplida.

Sin embargo, menos aún puede ignorarse que ante la colisión de derechos siempre debe imponerse el bien jurídico tutelado de orden superior y, en el caso particular, nadie puede desentenderse de la realidad tangible: existe un grave incremento de los delitos sexuales y sus consecuencias son difícilmente comparables con el resto de los tipos previstos por el Código Penal. Por lo tanto, cualquier medida que se tome para salvaguardar la integridad de las potenciales víctimas es siempre poca cosa.

El crimen sexual comprende una forma específica del no respeto de los derechos humanos de mujeres, niños y niñas. Los hechos que se suceden recurrentemente en todo el país deberían generar consecuencias de tipo legislativo, que otorguen armas a los ciudadanos para proveerlos de medidas de prevención, ante la insuficiencia del Estado para resolver estas cuestiones por las características del delito. Todo ello debe hacerse a partir de la construcción de un nuevo paradigma, para que a partir de aquí la vida de miles de mujeres, niñas y niños no tengan que pasar más por la negación de su dignidad.

El Estado se encuentra obligado a mirar de frente realidades que nos duelen y a ofrecer vías de alivio para la humillación más cruel e infame de los abusos del poder: el crimen sexual.

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2006 Julio.

Hay algunos aspectos de la gestión legislativa que, por su especial sensibilidad e impacto sobre la población, exigen, además de estudio y conocimiento, respeto por la realidad, con toda la complejidad y urgencia que ella demanda.

Uno de esos temas es el de la seguridad ciudadana. Un legislador comprometido con la solución de los problemas de la seguridad debe aplicar todo su bagaje formativo y su buen juicio político a la solución de los problemas que, por urgentes, no admiten demasiadas concesiones a la veleidad de planteos ideológicos, posiciones individuales o perfecciones teóricas.

En la Argentina la inseguridad es un mal arraigado que es preciso combatir en todos los frentes. Esta problemática no puede ser sometida a un debate ideológico interminable, en el que cada uno esgrima determinadas teorías aprendidas en los claustros de la universidad para intentar imponerla sobre la teoría contraria.

La seguridad es una política pública que requiere análisis, pero también sentido práctico y de la oportunidad en dosis mayores que el que se permiten otros temas del debate político. Esta no es una materia de legislación acerca de la cual uno pueda discurrir en cómodos salones, rodeado de libros y exposiciones doctrinarias. La decisión debe ser rápida y quienes la tomen deben estar dispuestos a hacerse cargo -con nombre y apellido- de las consecuencias que acarree.

Hace un tiempo vienen debatiéndose en el Congreso de la Nación y también en los medios de comunicación, algunos proyectos o anteproyectos que, independientemente de la razón o sinrazón de sus componentes teóricos y doctrinarios, están careciendo gravemente de sentido práctico y de oportunidad.

La forma en que hoy estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires, donde salimos a la calle con la firme sospecha de que podríamos no volver, reclama soluciones adecuadas y oportunas.

No se trata de manejar los índices delictivos ni de morigerar las sensaciones; no se trata ni de mano dura ni de garantismo abolicionista.

Los legisladores y los funcionarios de los poderes ejecutivos debemos estar dispuestos a hacernos cargo de cada vida y cada muerte en nuestra provincia. No puede ocurrir que estemos discutiendo si el derecho penal sirve o no sirve para combatir a la delincuencia en medio de la fiesta impune de los delincuentes. No puede pasar que transitemos de reunión en reunión, de doctrina en doctrina, sin que de una vez se dicten normas que al menos hagan que la delincuencia perciba que tiene en el Estado a su enemigo.

Sí. Sin miedo lo digo. Ni político ni jurídico: el Estado debe mostrarle a la delincuencia que es su enemigo y que la va a derrotar. Si no fuera así, la batalla ya estaría perdida y tendríamos que decirles a nuestros votantes, a cara descubierta, que no nos hacemos cargo del tema, que aprendan a convivir con los robos, la muerte y la violación hasta que terminemos de discutir cuál es la mejor teoría.

La política de seguridad puede ser desarrollada de distintas maneras y enfocada desde distintas ópticas. Habrá medidas de fondo que si bien son de mediano y largo plazo deben comenzar a ser ejecutadas en forma sostenida y consecuente, como son aquellas que desarrollan la inclusión y la justicia social, de la mano de una urgente distribución de la riqueza que sepamos generar con educación y trabajo. Pero también hay medidas urgentes para combatir la delincuencia actual, que requieren, sobre todo, una actitud humana, decidida, ética y comprometida.

Y no hay que mostrar dudas: ni al pueblo que nos votó, al lado del cual debemos situarnos, ni a la delincuencia, frente a la que debemos estar, con todas nuestras voluntades.

Una actitud ética no sólo consiste en no robarle al erario. La actitud ética del dirigente político y del funcionario es la que sostiene su compromiso real con el pueblo y lo mantiene con el correr del tiempo.

Jugar la seguridad y la vida de nuestro pueblo en debates ideológicos en momentos en que éste exige soluciones es tan perverso como puede imaginarse. Cuando como legisladores o funcionarios caemos en estas divagaciones de laboratorio debemos realizar el ejercicio de imaginar -aunque sea por un rato- quién saldría en apoyo de nuestras ideas: la calle o la academia.

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2012 Marzo 

Para abordar la complejidad de los problemas de la seguridad, un funcionario comprometido debe recurrir tanto al enfoque académico como político, sin desperdiciar tiempo en estériles debates sobre planteos ideológicos o posiciones teóricas.

Erradicar la inseguridad arraigada en la sociedad argentina demanda un enérgico combate en todos los frentes, evitando caer en discusiones interminables impulsadas por quienes viven en la ilusión de alcanzar la perfección tratando de imponer alguna teoría inculcada en los claustros sobre la contraria, sin el más mínimo contacto con el mundo real.

En salones cubiertos de boiserie, se pontifica la no intervención del derecho penal como corrector de conductas delictivas, lo que representa prácticamente un abolicionismo. Y, lamentablemente, contamos con un Poder Judicial adicto a estos postulados, cuyos integrantes sienten culpa de condenar y, más aún, de hacer cumplir una condena a quien decidió y tuvo claramente la libertad de elegir entre un camino u otro.

La política pública de seguridad, más allá del análisis, exige fundamentalmente un esfuerzo de sentido común y oportunidad, con una dosis mayor de pragmatismo que otros temas de la vida cotidiana. Esta no es una cuestión abstracta que pueda resolverse consultando libros en las bibliotecas ni organizando exposiciones doctrinarias. Hacen falta decisiones rápidas, que tomen funcionarios con nombre y apellido que se hagan responsables de sus consecuencias.

Hace años que los medios de comunicación se han convertido en cajas de resonancia de distintas ideas y proyectos que, más allá de sus fundamentos teóricos o doctrinarios, carecen totalmente de sentido práctico.

En la provincia de Buenos Aires se requieren soluciones urgentes. Ya no podemos esperar más. Estamos viviendo de forma tan precaria que prácticamente nos estamos acostumbrando a agradecer a Dios cada día por seguir vivos. Y esto no se resuelve actuando sobre los índices ni las sensaciones, tampoco reabriendo una vez más la absurda polémica entre mano dura y garantistas.

Es así como los funcionarios judiciales, principalmente, deben estar a la altura de las circunstancias para detener tanta muerte sin sentido en la provincia. No es posible que sigamos discutiendo si la delincuencia debe combatirse desde el derecho penal o la asistencia social, en medio de esta espiral delictiva. Debemos dejar a un lado esta falsa dicotomía entre unos y otros, manoduristas versus abolicionistas, para así todos enfrentar a la delincuencia dejando en claro que el Estado es su enemigo declarado.

Sólo con esta decisión, tomada sin falsas culpas ni miedo político o jurídico, vamos a terminar con la delincuencia, sin concesiones. De lo contrario, la batalla estaría perdida mucho antes de comenzar siquiera, y seguiríamos discutiendo cuál es la mejor teoría a espaldas de nuestros votantes, que reclaman soluciones.

Porque para aquellos que gastan litros y litros de tinta hablando de la necesidad de generar políticas inclusivas y de distribución de la riqueza, resulta loable expresar que nunca, desde el inicio de la democracia en 1983, hasta la fecha, se gestaron y, más aún, se continuaron de manera ininterrumpida políticas universales de seguridad social como desde el año 2003 hasta ahora, y a pesar de ello el delito no sólo no decreció sino que la violencia crece y crece día a día.

Como funcionarios, es necesario que mantengamos coherencia, continuidad y confianza. Coherencia en los planteos, continuidad en las políticas y confianza mutua entre la gente, las fuerzas de seguridad y los jueces. Debemos ponernos del lado del pueblo que nos votó para resolver el dilema de la delincuencia, sus causas y efectos. Nuestra ética de dirigentes políticos define nuestro compromiso real con los ciudadanos. Por eso, cuando caemos en vacíos debates ideológicos en momentos en que la gente exige soluciones, quizás debamos hacer el ejercicio de preguntarnos quiénes queremos que apoyen nuestras ideas: ¿la calle o la academia?

NOSOTROS

Presidente del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana. Una asociación civil, integrada por un equipo multidisciplinario de profesionales idóneos de vasta y reconocida experiencia en las áreas y temáticas descriptas en su objeto estatutario, aprobada para su funcionamiento, por resolución de la Inspección General de Justicia N° 1506 del 24 de noviembre del 2003.

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