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Seguridad: la calle o la Academia

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2006 Julio.

Hay algunos aspectos de la gestión legislativa que, por su especial sensibilidad e impacto sobre la población, exigen, además de estudio y conocimiento, respeto por la realidad, con toda la complejidad y urgencia que ella demanda.

Uno de esos temas es el de la seguridad ciudadana. Un legislador comprometido con la solución de los problemas de la seguridad debe aplicar todo su bagaje formativo y su buen juicio político a la solución de los problemas que, por urgentes, no admiten demasiadas concesiones a la veleidad de planteos ideológicos, posiciones individuales o perfecciones teóricas.

En la Argentina la inseguridad es un mal arraigado que es preciso combatir en todos los frentes. Esta problemática no puede ser sometida a un debate ideológico interminable, en el que cada uno esgrima determinadas teorías aprendidas en los claustros de la universidad para intentar imponerla sobre la teoría contraria.

La seguridad es una política pública que requiere análisis, pero también sentido práctico y de la oportunidad en dosis mayores que el que se permiten otros temas del debate político. Esta no es una materia de legislación acerca de la cual uno pueda discurrir en cómodos salones, rodeado de libros y exposiciones doctrinarias. La decisión debe ser rápida y quienes la tomen deben estar dispuestos a hacerse cargo -con nombre y apellido- de las consecuencias que acarree.

Hace un tiempo vienen debatiéndose en el Congreso de la Nación y también en los medios de comunicación, algunos proyectos o anteproyectos que, independientemente de la razón o sinrazón de sus componentes teóricos y doctrinarios, están careciendo gravemente de sentido práctico y de oportunidad.

La forma en que hoy estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires, donde salimos a la calle con la firme sospecha de que podríamos no volver, reclama soluciones adecuadas y oportunas.

No se trata de manejar los índices delictivos ni de morigerar las sensaciones; no se trata ni de mano dura ni de garantismo abolicionista.

Los legisladores y los funcionarios de los poderes ejecutivos debemos estar dispuestos a hacernos cargo de cada vida y cada muerte en nuestra provincia. No puede ocurrir que estemos discutiendo si el derecho penal sirve o no sirve para combatir a la delincuencia en medio de la fiesta impune de los delincuentes. No puede pasar que transitemos de reunión en reunión, de doctrina en doctrina, sin que de una vez se dicten normas que al menos hagan que la delincuencia perciba que tiene en el Estado a su enemigo.

Sí. Sin miedo lo digo. Ni político ni jurídico: el Estado debe mostrarle a la delincuencia que es su enemigo y que la va a derrotar. Si no fuera así, la batalla ya estaría perdida y tendríamos que decirles a nuestros votantes, a cara descubierta, que no nos hacemos cargo del tema, que aprendan a convivir con los robos, la muerte y la violación hasta que terminemos de discutir cuál es la mejor teoría.

La política de seguridad puede ser desarrollada de distintas maneras y enfocada desde distintas ópticas. Habrá medidas de fondo que si bien son de mediano y largo plazo deben comenzar a ser ejecutadas en forma sostenida y consecuente, como son aquellas que desarrollan la inclusión y la justicia social, de la mano de una urgente distribución de la riqueza que sepamos generar con educación y trabajo. Pero también hay medidas urgentes para combatir la delincuencia actual, que requieren, sobre todo, una actitud humana, decidida, ética y comprometida.

Y no hay que mostrar dudas: ni al pueblo que nos votó, al lado del cual debemos situarnos, ni a la delincuencia, frente a la que debemos estar, con todas nuestras voluntades.

Una actitud ética no sólo consiste en no robarle al erario. La actitud ética del dirigente político y del funcionario es la que sostiene su compromiso real con el pueblo y lo mantiene con el correr del tiempo.

Jugar la seguridad y la vida de nuestro pueblo en debates ideológicos en momentos en que éste exige soluciones es tan perverso como puede imaginarse. Cuando como legisladores o funcionarios caemos en estas divagaciones de laboratorio debemos realizar el ejercicio de imaginar -aunque sea por un rato- quién saldría en apoyo de nuestras ideas: la calle o la academia.

NOSOTROS

Presidente del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana. Una asociación civil, integrada por un equipo multidisciplinario de profesionales idóneos de vasta y reconocida experiencia en las áreas y temáticas descriptas en su objeto estatutario, aprobada para su funcionamiento, por resolución de la Inspección General de Justicia N° 1506 del 24 de noviembre del 2003.

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